Crisis climática // ¡Socorro, mis socios son ecologistas!

Aumenta la presión de algunos accionistas para que mejore la política climática de las
grandes corporaciones. ¿Son solo buenas intenciones o es parte de la lucha ecológica?

Tras la calle, ¿va a tener también lugar la lucha ecológica en el aterciopelado ambiente de las juntas de accionistas de las grandes empresas? Esas misas solemnes que generalmente se celebran en mayo o junio se han convertido hoy en la oportunidad para parte de sus accionistas de expresar su oposición a una política climática que consideran demasiado moderada.

El pasado enero, una quincena de accionistas institucionales del banco HSBC, guiados por la ONG ShareAction, anunciaron su intención de presentar en la junta de mayo una resolución en la que apelaban al grupo a reducir su exposición a las energías fósiles. El consejo de administración respondió en marzo que presentaría en dicha junta su propia resolución climática, que se comprometía a dejar de financiar la explotación de carbón y la producción de electricidad a partir de dicho mineral antes de 2030 en la Unión Europea y en la OCDE, y antes de 2040 en el resto del mundo. La coalición de accionistas —que incluye al primer gestor de activos europeo, Amundi, y a la caja postal Asset Management (LBPAM)— aceptó entonces retirar su resolución. Precisó: “si no le satisfacía cómo se llevaban a cabo los nuevos compromisos del banco, el año que viene tomaría otras medidas”.

La base de datos europea de ShareAction muestra que este tipo de resoluciones climáticas se multiplica desde hace tres años.

El banco británico Barclays —que, como HSBC, no solo financia masivamente las energías fósiles, sino también las petroleras BP, Shell y  Chevron y a las empresas mineras BHP y Río Tinto— se ha tenido que enfrentar a ese tipo de resoluciones impulsadas por ShareAction o por Follow This en nombre de inversores preocupados por el clima. 

Bajo la presión de las resoluciones presentadas por una serie de inversores activistas, el gigante petrolero ExxonMobil  se ha visto obligado a incluir en su consejo de administración a al menos dos representantes con mayores inquietudes por intensificar la política climática del grupo, tras lograr el apoyo de los accionistas. [Un triunfo del inversor  Engine Nº 1.]

Tensión en Total

En Francia, la primera resolución de ese tipo se presentó en la junta de accionistas de Total de 2020. En la maniobra estaban involucrados 11 inversores, entre ellos el Crédit Mutuel y LBPAM, que se declaraban “preocupados por el riesgo de depreciación de los activos de Total” ligado a su dependencia de las energías fósiles. Pidieron un plan de acción para “reducir el valor absoluto de sus emisiones de gas de efecto invernadero”, incluidas las generadas por el uso de sus productos por parte de sus clientes, que representan el 85% de las emisiones del grupo de hidrocarburos. Como en otros casos, la empresa respondió anunciando nuevos objetivos, que los 11 accionistas consideraron insuficientes. 

Quema de gas en una refinería. Foto: Getty

La resolución de estos inversores no obtuvo el respaldo del consejo de Total, pero sí del 16,8% de los votos en la junta de mayo 2020. Antes de esta, el consejo de administración tomó la delantera anunciando una resolución sobre sus nuevos objetivos climáticos… aunque el voto de los accionistas sobre dicha resolución no era vinculante. "Una maniobra de distracción”, según la ONG francesa Reclaim Finance.

Su presidenta, Lucie Pinson, considera: “el modo en que Total reacciona revela su temor a que sus accionistas cedan. [De hecho, en la junta de accionistas del pasado mayo, en la que la empresa fue rebautizada como TotalEnergies como parte de su estrategia supuestamente verde, el 16,8% de votos que apoyaron a los accionistas activistas en 2020 se quedó en un 8,12%]. Pero, en general, subraya Lucie Pinson, “desde la Conferencia del clima COP 21, los actores financieros se sienten cada vez más involucrados en la cuestión climática”.

Abandonar el carbón

Esta toma de conciencia se manifestó primero a través de unas “políticas de exclusión” orientadas a suprimir de las carteras de valores las inversiones en sectores como el carbón. Pero desde hace unos años, se asiste a un aumento del “compromiso accionarial”, que consiste en permanecer (o entrar) en el capital de sociedades para influir en su política climática.

Uno de los inversores que no solo ha previsto excluir el carbón de su cartera, sino que ha apoyado la resolución climática en Total es el gestor de activos Meeschaert. En Total, cuyo primer accionista es el mastodonte Blackrock, la resolución climática se ha abierto camino gracias a la llegada de inversores como LBPAM y el Crédit Mutuel.

Sin embargo, “una resolución sobre el clima nunca es bien recibida”, subraya Aurélie Baudhuin, directora de investigación en Inversión socialmente responsable (ISR) de Meeschaert. En efecto, va en contra de la cultura accionarial tradicional que prefiere preocuparse de la maximización de los beneficios sin entrometerse en los detalles de la conducta de la empresa, y más en temas ecológicos. 

2 personas con sensibilidades ecologistas entraron en el consejo de ExxonMobil 

Los inversores más importantes prefieren apoyar los “pasitos” de los grandes grupos ligados a las energías fósiles que asumir una relación de fuerza frontal. Amundi, por ejemplo, ha apoyado las resoluciones sobre el clima en Barclays y HSBC, pero no en Total. 

Para Lucie Pinson, la postura de Amundi en Total es “hipócrita”. En el informe Total hace el trabajo sucio: ¿son las finanzas sus cómplices?, firmado conjuntamente con Greenpeace, la activista recuerda que Amundi gestiona el plan de ahorros de los asalariados de Total, lo que sugiere un conflicto de interés.

¿Acompañar o desinvertir?

¿Cómo distinguir entre el activismo real y el greenwashing [o lavado de cara verde]? Si hasta el presidente de BlackRock, Larry Fink, pidió en enero a las empresas de su cartera de valores que pasaran a la neutralidad de carbono antes de 2050 si no querían enfrentarse a votos hostiles, léase desinversiones.

Sin embargo, Reclaim Finance denuncia lo “imprecisos” que son los criterios de BlackRock para evaluar el riesgo climático y también el hecho de que el gestor de activos no excluya automáticamente algunas actividades ligadas al carbón de su campo de acción.

¿Qué es mejor? ¿Acompañar y protestar en privado o desinvertir? Cada inversor fija sus propias líneas rojas. “Es imposible dejar de financiar a segmentos enteros de la economía. Es más eficaz permanecer en una empresa que es motor de cambios en su sector”, considera Caroline Le Meaux.

Reclaim Finance cuestiona los criterios "imprecisos" de Blackrock

Desinvertir de forma automática puede dar entrada a un 'fondo buitre'

“La desinversión puede tener efectos nefastos, pues implica vender las participaciones y, por tanto, ver potencialmente como las compran fondos buitre sin ninguna consideración hacia la ecología”, señala por su parte Julie Evain, jefa de proyecto en el Institut de l’Économie pour le Climat (I4CE). Según esta experta, “la desinversión tiene sentido en el caso del carbón”, pero en el caso del petróleo, cuya salida rápida es más difícil, es preferible contar con accionistas comprometidos que hagan entrar a las empresas en la vía de la neutralidad de carbono y, por tanto, de la transición energética.

Para tener inversores realmente comprometidos, prosigue Evain, es necesario que los ciudadanos puedan elegir unos productos de ahorro adaptados. “Es, sobre todo, el regulador de los mercados financieros el que debe imponer unos criterios claros para evitar el greenwashing y mejorar la transparencia en lo que a riesgo climático y biodiversidad se refiere”. Aunque se adopten unas definiciones mucho más amplias de estos riesgos, incluyendo, por ejemplo, la posibilidad de crisis sociales en el riesgo climático, como se ha visto en el movimiento de los chalecos amarillos, o la emergencia de una nueva pandemia en el caso de la biodiversidad.

Criterios de responsabilidad

Para que las finanzas sean compatibles con el clima, los poderes públicos pueden incentivar a los bancos y a los inversores a excluir el carbón. Pero también es posible obligarlos modificando la reglamentación financiera, como muestra un informe de I4CE publicado en enero. Dicho informe defiende la ampliación de las exigencias de transparencia en el caso de los riesgos climáticos o integrar criterios climáticos en las remuneraciones de todos los actores financieros. Sobre todo, propone que sea obligatorio tener en cuenta el impacto climático a la hora de decidir dónde invertir, ampliando la responsabilidad fiduciaria o la obligación para el gestor de activos de no perjudicar a su cliente.