Bolsonaro y Lula. Mr. Friedman y Mr. Keynes

 

 

Jair Bolsonaro se había presentado a las elecciones a la presidencia de Brasil en 2018 agitando cuestiones como la lucha contra la corrupción, la religión y la familia. Apenas habló entonces de economía. Decía que no sabía de eso. Pero en su última carrera electoral con Luiz Inácio Lula Da Silva se ha esmerado en medir su programa social Auxilio Brasil con el puesto en marcha por su rival progresista en 2004, Bolsa Familia. En la contienda electoral se ha hablado del alza de los combustibles y de bajadas de impuestos. [El artículo fue escrito antes de conocerse los resultados].

No es casualidad. La economía centra hoy el debate político en Brasil. Y las elecciones han propiciado un análisis de los programas de gobierno de ambos en materia económica… con pocas sorpresas. 

El hasta ahora ministro de Economía, Paulo Guedes, suele elogiar a Milton Friedman. Su jefe, Bolsonaro, ha seguido una política de corte neoliberal. Lula, por su parte, se ha presentado ante el electorado con un programa de inspiración socialdemócrata, deudora de John Maynard Keynes. El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula se ha situado lejos del programa de ruptura con el capitalismo que defendía cuando accedió a la presidencia por primera vez, en 2003.

 

A medida que se acercaban las elecciones, Bolsonaro reforzó sus programas de ayuda social: al mencionado Auxilio Brasil añadió otro, Auxilio Emergencial, durante la pandemia, pero nunca escondió su hostilidad a unas políticas que considera costosas y que cree que pueden desincentivar la búsqueda de empleo. En cambio, Lula sí ve en los programas de ayuda social un medio para combatir la pobreza y la malnutrición grave en el país. Además, como buen keynesiano, el líder del PT considera que son un modo de sostener la demanda en un momento de elevada inflación: al consumir, los cerca de 20 millones de hogares beneficiarios de Auxilio Brasil reinyectan al circuito económico todas las ayudas recibidas, lo que genera ingresos, empleos e ingresos fiscales suplementarios. Esta lógica la corrobora el análisis de Ecio Costa, de la Universidad Federal del Estado de Pernambuco (UFPE), según la cual en el año 2022 este programa de ayuda social equivalente al 1,6% del producto interior bruto (PIB) y que debería generar el 1,05% de crecimiento. 

Lula defiende flexibilizar la regla de oro presupuestaria establecida a finales de 2016 bajo presidencia de Michel Temer, que prohíbe durante 20 años aumentar el gasto público más allá de la inflación, a modo de “políticas contra-cíclicas necesarias”. Dicho de otro modo: permitir que, de forma temporal, el déficit suba con el fin de sostener la actividad económica. Esta es una opción descartada por su rival Bolsonaro, quien, pese a los gastos extraordinarios realizados durante la pandemia, cree que debe volverse a la ortodoxia presupuestaria: reducir la deuda pública del 80,3% del PIB al 74,4%, el nivel de 2019.

 

Bolsonaro ha justificado una política presupuestaria restrictiva por el deseo de disminuir las retenciones obligatorias, y de ahí los ingresos fiscales y sociales del Estado, en nombre de la competitividad. Al haber actualizado el umbral impositivo teniendo en cuenta la inflación, puede presumir de haber exonerado del impuesto sobre la renta a personas que perciben 2.500 reales al mes (490 euros) , cantidad equivalente a dos veces el salario mínimo del país, mientras que, anteriormente, este umbral era de 1.900 reales.

Otra de las apuestas del hasta ahora ministro de Economía Guedes es bajar las cotizaciones a la Seguridad Social (las que paga el empresario y las que aporta cada persona trabajadora) en el caso de los salarios. Son medidas destinadas a reducir el coste de la mano de obra y a convencer al 40% de población ocupada en actividades informales de que se registre en la Administración, en vistas a tener más ingresos para el Estado. Lula, en este asunto concreto, no se ha distinguido de su contrincante, lo que llama la atención en un candidato de izquierdas en un país con un sistema tributario regresivo. Incluso ha prometido ir más lejos y exonerar del impuesto sobre la renta a las rentas inferiores a los 5.000 reales (cuatro veces el salario mínimo). 

20 millones de hogares brasileños se han beneficiado del programa de ayudas Auxilio Social de Bolsonaro

 

Sin novedad, por otra parte, por lo que respecta a la eliminación del tope máximo del tipo de este impuesto, congelada en el 27% para las rentas más elevadas de 6.000 reales, añadiendo, por ejemplo, un nuevo tramo del impuesto. Lula ha anunciado que quiere poner fin a una incongruencia en el país instaurando un impuesto sobre los dividendos, hoy totalmente exonerados de tributar. Es una medida a la que Bolsonaro y su ministro de Economía no se oponen, siempre que fuera ligada a una bajada del impuesto de sociedades.

Lula evocó esta medida ante la poderosa Federación de Industrias Estatales de São Paulo en agosto pasado, y no reaccionó horrorizada. Pero las posibilidades de que una reforma de este tipo culmine son escasas. La elección de Geraldo Alckmin, procedente del muy liberal Partido Socialdemócrata brasileño (PSDB), como candidato a la vicepresidencia con el fin de ampliar su base electoral, da poco margen de maniobra política a Lula para imponer al Parlamento una reforma fiscal de calado.

 

La gestión de la crisis del precio de los carburantes, en cambio, ha mostrado las divergencias que existen entre ambos sobre el papel económico del Estado. Bolsonaro ha podido sacar pecho de haber llevado el precio del litro de gasolina y el etanol a un nivel razonable.  

Lula ha criticado mucho esta estrategia, convencido de que hay que romper con la política tarifaria de alinear los precios nacionales con las cotizaciones internacionales, adoptada en 2016 por Petrobras, la sociedad nacional de hidrocarburos de capital mayoritariamente privado. Quiere sacar el petróleo de producción nacional, pero que ha sido refinado en el extranjero, del mercado y del dólar americano. Ve una forma más eficaz de luchar contra la inflación que una fuerte subida del tipo de interés de referencia del Banco Central de Brasil observado desde hace un año. La institución monetaria había decidido esta subida después de que Paulo Guedes hubiera obtenido del Parlamento que la institución deviniera independiente.

Conforme a la tradición liberal en materia económica, el programa de Bolsonaro se ha centrado sobre todo en el repliegue progresivo del Estado y en la expansión del mercado. Sus líneas directrices otorgan un lugar importante a la necesidad de flexibilidad del mercado laboral y al desmantelamiento de las normas que obstaculizan la libertad contractual.

 

Por otra parte, el hasta ahora Gobierno del país ha perseguido desde 2018 privatizar tres de las mayores empresas públicas: Correios (correos), Eletrobras (energía) y Petrobras, incluida su filial propietaria de importantes reservas de crudo. Pero ante la resistencia de los sindicatos y algunos sectores militares, solo Eletrobras ha salido de la órbita del Estado. Bolsonaro confirmó su deseo de llevar a cabo todas las privatizaciones previstas. 

Lula se ha mantenido ambiguo por lo que respecta a sus intenciones de renacionalizar Eletrobras. En cambio, parece claro que no está dispuesto a dar marcha atrás en la independencia del Banco Central del país, para disgusto de los sectores más a la izquierda del Partido de los Trabajadores. En cambio, al igual que en 2022, Lula ha apostado mucho por el poder “inductor”, según su expresión, del sector público para modernizar el país. De entrada, por la vía de los presupuestos generles del Estado, financiando grandes trabajos de infraestructuras. También a través de las numerosas empresas públicas. Y, finalmente, por la vía de la potente banca pública de inversión BNDES, encargada de financiar grandes grupos, pequeñas empresas y compañías tecnológicas, de cara a la diversificación de una economía históricamente centrada en la producción de materias primas agrícolas y mineras.

 

 

 

Es aquel que no tiene en cuenta el nivel económico del contribuyente, por lo que la carga tributaria recae principalmente sobre las rentas más bajas. Es sistema opuesto es el progresivo, que sube los impuestos a medida que aumenta la renta.