Asia // Afganistán: la población, tomada como rehén

Mientras la crisis humanitaria se agrava, los países occidentales buscan cómo ayudar a los afganos sin reconocer al régimen talibán.

¿Cómo ayudar a la población de Afganistán sin apoyar el régimen talibán? Este es el dilema al que se enfrentan EE UU, la Unión Europea y otros actores internacionales, mientras que los indicadores sociales y sanitarios permanecen en rojo en el país con la llegada del invierno.

Antes de que los nuevos señores de Kabul llegaran al poder el pasado 15 de agosto, el 72% de la población vivía por debajo del umbral de pobreza, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que estima que este porcentaje se podría elevar hasta el 97% a mediados del año próximo.

Después de dos décadas, Afganistán vivía bajo perfusión: la ayuda internacional representaba el 43% de su producto interior bruto (PIB). Este permitía que viviera una parte importante de la población y financiar el déficit público de un país que importa una buena parte de lo que consume, incluida la alimentación. Es una dependencia muy elevada, aún más en tanto que la producción agrícola se ha visto afectada este año por una grave sequía, circunstancia que ha incrementado los precios. Resultado: a mediados de septiembre el 95% de los hogares afganos carecían de alimentos suficientes, según el Programa Alimentario Mundial (PAM).

Consecuencias inmediatas

A pesar de la insistencia de Pakistán, protector del régimen talibán, el nuevo Gobierno no ha obtenido el reconocimiento de ningún país. De golpe, la ayuda extranjera, ya fuera la concedida de forma bilateral por los Estados o por las instituciones multilaterales, ha cesado, con consecuencias inmediatas: 2.000 instalaciones sanitarias han cerrado, según la Cruz Roja.

Se excluye por ahora retomar la ayuda al desarrollo, que pasa por las autoridades, pero las organizaciones internacionales sí están dispuestas a financiar la ayuda humanitaria a través de las organizaciones no gubernamentales (ONG). 

En una reunión del G20 del pasado 12 de octubre, la Unión Europea se comprometió a pagar 1.000 millones de euros, cantidad que no se destinará únicamente a Afganistán, sino también a países vecinos que acogen a refugiados afganos y con los que los Veintisiete cuentan para evitar que lleguen a Europa.

La falta de apoyo exterior ha obligado a cerrar 2.000 centros sanitarios

Brindar asistencia es algo. Falta encontrar los canales financieros para hacerla llegar a las organizaciones humanitarias y a la población, lo que en principio supone poder derogar al régimen sanciones que golpean a los talibanes. Son sanciones aprobadas por la ONU en 1999, pero sobre todo las impuestas por EE UU tras el 11 de septiembre de 2001. Washington incluyó a los talibanes en su lista de “grupos especialmente designados como terroristas” y toda transacción con ellos puede ser sancionada. La amenaza se aplica a los nacionales de EE UU, pero va más allá, debido al papel predominante del dólar en los intercambios internacionales.

Sin garantías jurídicas

La pregunta es: ahora que los talibanes han accedido al poder, ¿las sanciones se dirigen al conjunto del Gobierno y de la Administración del país? ¿O solo a ciertos responsables políticos? Sin intentar responder a estas preguntas, el Departamento del Tesoro emitió el pasado 24 de septiembre dos “licencias generales” que autorizan las transacciones con objetivos humanitarios a pesar de las sanciones, para encaminar la ayuda destinada a la población afgana. Pero el alcance de estos documentos no está claramente definido. Y en ausencia de garantías jurídicas más precisas y firmes, las licencias corren el riesgo de no ser suficientes para disipar los temores de las organizaciones humanitarias y, sobre todo, de sus bancos, que, por temor a verse en la situación de financiar el terrorismo, evitan transacciones hacia los países afectados por las sanciones.