Agravio a la regulación bancaria
Reestructuración: La reforma de los bancos, forzada por la crisis de 2008, choca con las diferencias sobre cómo se concibe la banca a ambos lados del Atlántico.
Barack Obama firma la ley Dodd-Frank de reforma financiera en 2010. FOTO: Lawrence Jackson / Casablanca
¿Ha muerto la regulación bancaria poscrisis antes de haberse instaurado del todo? Esta es la impresión que se tiene en estos primeros meses de 2017. En enero, supimos que los grandes reguladores del planeta, incapaces de ponerse de acuerdo sobre las últimas medidas, postergaron la conclusión de las célebres reglas de Basilea III destinadas a limitar las adquisiciones de riesgo de los bancos. El 3 de febrero, el presidente de EE UU, Donald Trump, firmó un decreto presidencial por el que recorta la ley Dodd-Frank de 2010, que fija el marco legislativo de la regulación de la actividad bancaria en aquel país. ¿Asistimos ya al fin de un control serio de los bancos cuando no han pasado ni diez años desde que se desencadenó la crisis de las subprime? Sería un mal síntoma, pues la crisis que se inició en 2007-2008 demostró que cuando las finanzas no funcionan, todo se paraliza. Pero no tiene por qué ocurrir lo peor.
A LA ESPERA
Las medidas de Basilea III han obligado a los bancos a financiarse con más capital y, por tanto, a que quienes asuman sus eventuales pérdidas sean no tanto los contribuyentes como sus accionistas. Es una buena cosa. Esas medidas también han permitido controlar mejor los productos financieros de alto riesgo, y por fin se ha entablado la lucha contra los paraísos fiscales. No todo es perfecto en esos dosieres, pero lo que ya se ha establecido no va a desaparecer.
Una de las dificultades para concluir Basilea III procede de las diferencias reales que hay entre ambos lados del Atlántico respecto a la financiación inmobiliaria. Los bancos estadounidenses otorgan créditos de riesgo, pues se basan en el valor volátil de la vivienda, pero se desembarazan de ellos revendiéndolos. Las entidades europeas dan créditos de menos riesgo, pues se basan en la capacidad de reembolso de los prestatarios, y los conservan en sus cuentas. Por ello, los bancos del Viejo Continente parecen más grandes y, a un nivel de capital idéntico, peor protegidos. Más vale, pues, que Europa pierda tiempo en llegar a un acuerdo que cuestionar nuestra financiación inmobiliaria, que es más segura. En ese tiempo, el supervisor único, dependiente del Banco Central Europeo, puede seguir controlando a los bancos del continente.
LA LEY DODD-FRANK
Pese al irreflexivo Trump, sólo una ley del Congreso puede derogar Dodd-Frank. Para ello se se necesita una mayoría de 60 senadores y los republicanos sólo tienen 52. Por ello da la impresión de que, más que a su cuestionamiento, asistiremos a una suavización de las condiciones para las entidades más pequeñas y a una aplicación blanda de la ley por parte de las instancias de regulación. Además, en el partido republicano, algunos ven bien que se exija a los bancos mayor capitalización.
Basilea III obliga a los bancos a tener más capital
Nadie, en efecto, debe dejarse engañar por las mentiras de Trump cuando justifica su voluntad de acabar con la regulación con el pretexto de aligerar las trabas que ella pondría a los créditos: éstos han aumentado un 7% anual durante los tres últimos años. Lo que quiere el nuevo presidente es volver al período anterior a 2007.
Antes de la crisis de las subprime, había bancos hiperrentables, pues adquirían muchos riesgos y ofrecían muchos créditos, pero tan inestables que terminaron por desencadenar la crisis. El objetivo de las nuevas reglas es cambiar la situación mediante unas entidades que serán menos rentables pero más estables y ofrecerán, gracias a la política monetaria, unos créditos en cantidad suficiente y baratos. Es un objetivo correcto. Y sigue siendo alcanzable.
